Auge y caída del 'rey del carbón'

Victorino Alonso enfila su camino a prisión después de haber dirigido un imperio encabezado por las empresas mineras más importantes de España

Victorino Alonso ingresará en prisión en los próximos diez días

El empresario minero Victorino Alonso, en una imagen de archivo ICAL

Diego L. González

Ponferrada

11/09/2023
Actualizado a las 09:56h.

Amante de la mina, por encima de todo. Y también ambicioso, habilidoso y oportunista, en las dos acepciones del diccionario; negociador duro, muchas veces implacable; inteligente e 'intocable', hasta que se apagó el candil de su suerte. Son algunos rasgos que pueden definir la ... figura de Victorino Alonso García (La Vid de Gordón, León, 1952), un hombre que nunca ha dejado lugar a medias tintas y cuyo nombre ha estado unido a la polémica desde que irrumpió en el sector del carbón en tiempos de zozobra, con etiqueta de salvador.

Llegó a gobernar un 'imperio' encabezado por las empresas mineras privadas más importantes de España, alimentado por las ayudas públicas. Ahora, vive su cuenta atrás para entrar en prisión en unos días.

Sabido es que su vinculación minera le vino de cuna. Su padre, Victorino Alonso Suárez, era propietario de una pequeña explotación en la Montaña Oriental de León. Desde allí, en cuanto acabó sus estudios de Ingeniero de Minas, el joven Victorino emprendió una carrera que le acabaría convirtiendo en un empresario todopoderoso.

Apasionado y auténtico devoto de la mina, no tenía miramientos en bajar al tajo para comprobar personalmente la evolución de los avances. Su leyenda cuenta que una vez quedó atrapado junto a dos mineros. Mostró absoluta tranquilidad y compartió con ellos unos bocadillos, hasta que fueron rescatados.

El comienzo

Victorino Alonso empezó a ganar protagonismo en las cuencas de León y Palencia con su irrupción en empresas del berciano valle del Sil. Pero el paso definitivo para que fuera considerado el 'rey del carbón' fue la adquisición de la histórica Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), en 1994.

Venía de la quiebra, abocada por decisiones empresariales más que cuestionables. Caja España, convertida en omnipotente herramienta financiera de Castilla y León, había asumido la propiedad de MSP como acreedor principal. Y optó por ceder su control a Victorino Alonso a cambio de dos mil millones de pesetas de las de entonces. La operación fue auspiciada por Ángel Villalba, presidente de la caja y que llegó a ser líder del PSOE en Castilla y León.

Era una demostración pública de que contaba con las bendiciones de los políticos que mandaban en ese momento. Y también en tiempos posteriores. Paseó y bajó por sus minas a cargos públicos del Partido Popular y al expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera; firmaba convenios con alcaldes de los municipios donde operaban sus empresas, y participó con José Luis Rodríguez Zapatero, cuando era presidente del Gobierno, en la presentación de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) en Ponferrada.

Pero la puerta de la administración se le cerró con Mariano Rajoy en La Moncloa. Contra él bramó en el Parlamento de Asturias en 2015, cuando acusó al Ejecutivo del PP de acabar con el sector: «Se trincó el carbón, quitando las ayudas y obligando a las empresas a cerrar», acusó.

4.000 empleados

Para entonces, Victorino Alonso ya había perdido buena parte de la fuerza que lo sostenía, más de cuatro mil mineros a los que podía utilizar como arma frente a las decisiones administrativas. Cualquier medida contraria a sus intereses empresariales se traduciría en impago de salarios con la consecuente reacción social.

Compró minas en crisis, con el aparente objetivo de reflotar sus maltrechas economías. Lo realmente interesante era el cupo de carbón, la cantidad de mineral que se podía extraer. Empezó sumando minas del Bierzo, después en Asturias y la cuenca de Palencia. Nació Unión Minera del Norte (Uminsa). Después Coto Minero Cantábrico, fruto de la fusión entre MSP y la asturiana Hullas de Coto Cortés. Desde finales de los años noventa, Victorino Alonso apostó por la extracción de carbón a cielo abierto, más barato que sacarlo en minas de interior y comenzó el progresivo cierre de pozos en busca de más rentabilidad.

Y ahí, quizás, se inició el principio de su fin en prisión. Hasta ahora, el magnate carbonero había salido más o menos airoso de sus demandas en los tribunales. No obstante, su primera causa judicial, que no tenía que ver con su actividad minera, ya le dejó marcado a ojos de la sociedad. Fue denunciado por su primera esposa, y condenado a un mes y un día de arresto, por el impago de la pensión alimenticia de sus dos hijas.

Alonso se declaró insolvente y manifestó que su única propiedad era una motocicleta Vespino que había heredado y que vivía de las propinas de su padre. Esa afirmación le persigue desde entonces y contrastaba con un informe de la Guardia Civil que, un año después, en 1996, calculaba un valor de 20.000 millones de pesetas a su entramado, con una treintena de sociedades. En 2021, la investigación periodística de los llamados 'Papeles de Panamá' le vinculaba con tres sociedades en paraísos fiscales, donde supuestamente escondía entre 25 y 30 millones de euros.

Condena tras condena

Entretanto, había tenido tiempo de saldar, pactando una multa de 200.000 euros, una acusación de fraude fiscal por comprar maquinaria en Rusia y Ucrania a precios inferiores a los que declaró. Pero no salía de una y ya estaba enfrascado en la siguiente. En 2006, fue denunciado por el suministro de carbón de baja calidad a la central térmica de La Robla (León) y sus empresas acabaron siendo condenadas a pagar más de trece millones de euros a Unión Fenosa, por fraude.

Esa cantidad se multiplicó hasta los 36 millones de euros con los que Uminsa tuvo que indemnizar a Hunosa, en 2016, según otra sentencia judicial, por la desaparición de medio millón de toneladas que había comprado la empresa pública y que deberían haber estado almacenadas en minas de Victorino.

Sólo el asesoramiento profesional del abogado ponferradino César Garnelo permitió que Alonso esquivara la cárcel cuando fue condenado por la destrucción de un yacimiento prehistórico -la Cueva de Chaves- en la provincia de Huesca. Antes salió absuelto de la acusación de presuntas irregularidades urbanísticas en la construcción de una fábrica de ruedas gigantes para camiones y maquinaria en Fabero. El alcalde fue condenado a inhabilitación por permitir la edificación de la nave sin los permisos oportunos.

Esa falta de licencias ha resultado determinante en los casos que han llevado al 'rey del carbón' a acabar entre rejas. Primero, en el cielo abierto del Feixolín, en Villablino, con una condena a dos años y medio de prisión, por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. La pena se duplicó en el caso de 'Nueva Julia'. Muy probablemente, fueron consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a España por permitir la explotación de esas minas. Pero no es menos cierto que aquella actividad se prolongó durante años, por qué no decirlo, haciendo la 'vista gorda' en territorios donde sacar carbón era más que necesario para mantener el sustento y la economía local.